Un agente inmobiliario es un experto en el negocio de alquiler, venta y compra de bienes raíces o inmuebles, cuya actividad se desarrolla en un sector que maneja miles de millones de dólares en inversión local y extranjera.
Sin embargo, actualmente no existe alguna normal legal que supervise la realización esta labor, por lo que personas informales o no capacitadas sin tener licencias de esta profesión han dado lugar a fraudes que afectan el bolsillo de los ciudadanos, ofertando propiedades sin títulos legales o promesas falsas en proyectos.
Uno de los principales riesgos para los clientes son las estafas inmobiliarias, la falta de garantías legales e intermediarios sin preparación ni responsabilidad y la pérdida de ahorros familiares.
¿Cuál es el estado del anteproyecto de ley para regular a los agentes inmobiliarios?
Para esto se ha planteado un anteproyecto de ley que consiste en regular el trabajo de los agentes sujeto al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) por medio de su Departamento de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria.
De acuerdo a declaraciones del presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios del país (AEI), Alberto Bogaert, el anteproyecto está en discusión desde el 2023, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sin aún ser aprobado.
“Uno de los obstáculos que ha frenado su avance es la falta de priorización legislativa, desconocimiento del impacto del sector y la ausencia de presión institucional para impulsar su aprobación. En los casi tres años que venimos impulsando esta ley nos hemos reunidos con diferentes comisiones de legisladores explicando la importancia del proyecto”, destaca Bogaert.
Bogaert destaca que el Gobierno ha mostrado apertura en torno al anteproyecto, pero aún no se percibe como una prioridad de Estado.
De convertirse en Ley, el anteproyecto demandará una licencia por parte de los promotores y desarrolladores inmobiliarios para convertirse en agentes, en vez de promover los inmuebles de su propiedad o de las empresas sin este documento.
Además, contemplará como publicidad engañosa a toda información o comunicación difundida por cualquier medio que conlleve al consumidor confundirse o equivocarse con las características, disponibilidad, precio, condiciones de venta, entrega u otro aspecto vinculado a los bienes raíces.
Por otro lado, los agentes no podrán hacer actos de compra, venta o alquiler de un inmueble sin ser propietarios del mismo ni destinar fondos que perciban de sus clientes a operaciones distintas para los que fueron confiados.
Detalles y sanciones contempladas en el anteproyecto de ley
Tampoco podrán adquirir inmuebles que se les ordenó vender, sin la autorización requerida; hacer y simular ofertas de transacciones para fijar o variar precios de inmuebles ni cobrar a los clientes tarifas y comisiones que no hayan sido establecidas por escrito.
En ese sentido, los intermediarios inmobiliarios violarán la ley si proponen transacciones inmobiliarias a sus clientes sabiendo de que la misma acarrea riesgos legales o financieros sin tomar en cuenta la asesoría de algún abogado.
La iniciativa plantea inhabilitar por más de dos años a quienes incumplan la normativa
Como sanciones graves el anteproyecto contempla que, de pasar a ser norma jurídica a los agentes se les suspenderá cualquier negociación o comercialización de inmuebles y tendrán que pagar una multa de hasta 50 salarios mínimos con una supresión de su habilitación durante más de dos años.
Por otro lado, estos tendrán la obligación de informar a sus clientes antes de poner en marcha una operación inmobiliaria.
La ley reconocerá toda operación radicada en un contrato o documento que recaiga en una transferencia, arrendamiento o usufructo de uno o más bienes inmuebles, incluyendo pagos, aportes o intercambios.